España te trae a la familia con 1.350 € al mes y les prohíbe a todos ganarlos

España es uno de los pocos países de Europa que sube a tu pareja y a tus hijos al mismo avión que a ti al empezar un máster, en lugar de obligarte a instalarte solo y llamarlos después. El precio de eso es un saldo bancario, y el saldo es más pequeño de lo que casi nadie espera. A un estudiante con pareja y un hijo se le exigen 1.350 € al mes. Lo que nadie cuenta antes de comprar los billetes es la otra mitad del acuerdo: de las tres personas que aterrizan en Madrid con esos visados, exactamente una puede ganar dinero legalmente, y es la que se supone que va a estudiar.

De dónde salen los 1.350 €

La normativa española de extranjería no dice una cifra en euros. Dice porcentajes de algo llamado IPREM, el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, un índice de referencia que el Estado usa para todo, desde subsidios de desempleo hasta justicia gratuita. Su valor sale de la ley de presupuestos, y como España no ha aprobado una nueva, las cifras de 2023 se han prorrogado año tras año. En 2026 el IPREM sigue en 20 € al día, 600 € al mes, 7.200 € al año, u 8.400 € contando las dos pagas extraordinarias. Es el cuarto año congelado seguido, y el índice ha quedado en torno al 49 % del salario mínimo español, que ha subido más de un 60 % desde 2018.

Sobre ese índice, las reglas de estudios montan una escalera sencilla. Acreditas el 100 % del IPREM para ti, 600 € al mes. El primer familiar que te acompaña suma el 75 %, 450 €. Cada persona adicional suma el 50 %, 300 € cada una. Así, un estudiante solo se mide con 600 € al mes, una pareja con 1.050 € y una pareja con un hijo con 1.350 €, lo que son 16.200 € acreditados a lo largo de un curso de doce meses. Nada de eso incluye la matrícula, que es otra conversación, y nada de eso puede ser una promesa. Los consulados quieren fondos líquidos y disponibles ya, con extractos bancarios lo bastante recientes como para medirse en días y no en semanas el día de la cita.

Lee la escalera con calma y verás lo raro que tiene. El índice congelado significa que la cifra que debes acreditar no se ha movido en cuatro años mientras el alquiler español iba en dirección contraria, y eso convierte un umbral administrativo en una trampa. Cumplir el requisito y poder pagar el año han dejado de ser la misma pregunta.

Las 30 horas semanales son solo tuyas

Desde 2025, la estancia por estudios superiores en España lleva incorporado el derecho automático a trabajar 30 horas semanales, sin permiso aparte, más generoso que lo que dan Alemania, Francia o los Países Bajos. Es una de las cosas realmente buenas de estudiar en España, y lleva a muchísimas familias a una suposición que suena razonable: si el estudiante puede trabajar, la pareja también podrá, o al menos podrá pedirlo.

No puede. La hoja informativa del propio Ministerio de Inclusión sobre la estancia de larga duración para estudios superiores lo dice en una línea: los familiares no estarán autorizados a trabajar durante su estancia. El artículo 56 del Real Decreto 1155/2024, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, es su origen, y no deja a los familiares ninguna vía para una actividad lucrativa con la autorización que tienen. No hay un plazo de seis meses que lo desbloquee, ni un formulario en extranjería que lo arregle, ni una versión de la norma en la que la pareja firme un contrato porque ya tiene el TIE en el bolsillo. La tarjeta dice lo que dice.

Por eso la cifra de 1.350 € merece una segunda lectura. No es el presupuesto mensual de una casa con dos posibles sueldos dentro. Es lo que se espera que sostenga una sola persona con visado de estudiante, limitada a 30 horas semanales a tarifas españolas de media jornada, para tres personas. La cuenta que las familias hacen de cabeza antes de salir, esa en la que la pareja encuentra algo en un par de meses y la presión baja, no describe nada que la ley permita.

La rebaja que casi nadie pide

Dentro de la misma norma que fija la escalera hay una excepción que casi ningún solicitante usa. Si puedes acreditar debidamente que el alojamiento está abonado por adelantado durante toda la duración de la estancia, tu propio requisito se parte por la mitad, del 100 % del IPREM al 50 %, así que 600 € al mes pasan a 300 €. La excepción está escrita también para las cifras familiares, y la lectura que se aplica en la práctica deja al primer familiar en el 50 % y a cada persona adicional en el 25 %. Un estudiante con pareja e hijo baja de 1.350 € al mes a unos 750 €, que a lo largo de un año es la diferencia entre acreditar 16.200 € y acreditar unos 9.000 €.

Ten claro qué consigue eso y qué no. No abarata España ni un euro. Mueve el dinero de un saldo que estás mostrando a un consulado a la cuenta de un casero o de una residencia, donde ya está gastado. Lo que compra es elegibilidad para familias cuyos ahorros son reales pero modestos, las que pueden cubrir un año de vivienda por adelantado con la venta de un piso o la ayuda de la familia, pero no pueden además dejar cinco cifras intactas en una cuenta los tres meses previos a la cita.

La razón de que tan poca gente la pida es documental, no financiera. Un contrato de alquiler español normal, pagado mes a mes con su fianza, no acredita nada sobre el futuro y no sirve para la reducción. Lo que sí sirve es una factura de residencia universitaria o de alojamiento para estudiantes por todo el curso, o un contrato con el periodo completo pagado y con recibo por escrito. Esas son decisiones que se toman meses antes de la cita del visado, y justo por eso la rebaja la descubren las familias quince días demasiado tarde.

El umbral es más bajo que el alquiler

Ahora pon la cifra del Estado al lado del mercado. El alquiler español marcó máximos a mediados de 2026, con una subida del 4,2 % anual en junio, y en julio la media nacional estaba en 15,3 € por metro cuadrado al mes. Madrid era la ciudad más cara del país con 23,7 € y Barcelona iba detrás con 23 €, mientras Valencia se quedaba en 16,3 €. Un piso modesto de 70 metros cuadrados, lo más pequeño en lo que puede vivir con sentido una familia de tres, sale por unos 1.660 € al mes en Madrid y unos 1.140 € en Valencia. La mediana nacional de un piso de dos habitaciones era de 1.088 € al mes al cierre de 2025.

Es decir, que en Madrid solo el alquiler se come los 1.350 € enteros que el Estado español considera suficientes para tres personas, antes de que nadie haya comido. Barcelona no está mejor. Valencia funciona porque allí el alquiler todavía va con retraso, y subió un 7,2 % en el último año mientras Barcelona bajaba un 3,9 %, así que esa diferencia se está cerrando y no aguantando. Esto es lo que hace un índice congelado durante cuatro años: el umbral legal y el coste de vivir se han separado, y cumplir el primero dice muy poco sobre sobrevivir al segundo.

Dos gastos merecen nombre propio porque van por persona y no por casa. Cada familiar necesita un seguro médico privado con cobertura completa y sin copagos, ese requisito de sin copago que España aplica al pie de la letra, y se paga uno a uno. Los hijos, al menos, son baratos en lo que más importa: la escolarización pública en España es un derecho y no un privilegio, así que matricular a un niño en un colegio público no cuesta nada en tasas, sea cual sea tu situación migratoria.

La vía que sí da derecho a trabajar

Existe una versión de esto en la que tu pareja trabaja legalmente, y no es ningún truco. La reagrupación familiar es una autorización de residencia y no de estancia, y desde la reforma de mayo de 2025 el cónyuge, la pareja registrada y los hijos mayores de dieciséis reciben autorización para trabajar automáticamente con ella. Sin permiso aparte y sin límite entre trabajo por cuenta ajena o propia. Lo verdaderamente extraño es el precio: la reagrupación pide el 150 % del IPREM para dos personas, 900 € al mes, más un 50 %, 300 €, por cada persona adicional. Eso deja a una familia de tres en 1.200 € al mes, 150 € menos de lo que exige la vía de estudios por esas mismas tres personas mientras prohíbe ganar a dos de ellas.

La pega está en quién puede reagrupar. La reagrupación exige que el reagrupante haya residido legalmente en España al menos un año y tenga autorización para residir otro año más, junto con un informe de vivienda adecuada emitido por la comunidad autónoma y válido seis meses, y seguro médico para todos. Un estudiante tiene una estancia, no una residencia, así que para la mayoría esa puerta está cerrada el primer día y solo se abre cuando acaba el título y la autorización se modifica a residencia y trabajo. Y los plazos, cuando ya cumples, tampoco son rápidos: la administración tiene dos meses para resolver, luego el familiar tiene dos meses para pedir el visado en el consulado y tres más para entrar en España.

Entender esa secuencia es lo que separa un plan de un deseo. La vía de estudios con familia sirve para mantener una casa físicamente junta durante una carrera con un solo ingreso limitado. La reagrupación sirve para darle a tu pareja una vida laboral en España. Intentar la segunda con el papeleo de la primera es donde se pierde el año.

A quién le encaja y a quién no

Esto funciona bien en una casa con ahorros de verdad o ingresos externos reales, donde el sentido de venir juntos es el año en sí y no el segundo sueldo. Un doctorando con contrato cuya pareja va a estudiar o a criar durante la tesis, una familia con rentas de alquiler en su país, una pareja que puede pagar por adelantado un año de residencia universitaria y quedarse cómodamente por encima del umbral reducido: todos ellos consiguen algo que España da y buena parte de Europa no, que es el derecho a no estar separados dos años.

Funciona mal en la casa que necesita dos sueldos para que la cuenta cuadre, que es la mayoría de las casas. Si tu plan da por hecho en silencio que tu pareja encontrará trabajo en primavera, la ley con la que solicitas ya ha rechazado ese plan, y ninguna buena voluntad en extranjería lo cambia. Y funciona mal para quien toma los 1.350 € como presupuesto de vida y no como cifra administrativa, porque en Madrid o Barcelona eso es más o menos el alquiler. La secuencia honesta para una familia así suele ir al revés: uno va primero, acaba el título, modifica a residencia y trabajo, y luego reagrupa a la familia en una autorización que sí deja cobrar a la pareja. Sobre el papel es más lento. En la vida real es muchas veces más rápido.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dinero tengo que acreditar para traer a mi familia con un visado de estudios en España?

Las cifras son porcentajes del IPREM, el índice público de renta de referencia, que en 2026 está en 600 € al mes. Acreditas el 100 % para ti, 600 € al mes, después el 75 % por el primer familiar, 450 €, y el 50 % por cada persona adicional, 300 € cada una. Un estudiante con pareja y un hijo se mide, por tanto, con 1.350 € al mes, que son 16.200 € a lo largo de un curso de doce meses. Los fondos deben estar líquidos y disponibles, no prometidos, los extractos bancarios suelen pedirse con días y no semanas de antigüedad el día de la cita, y la matrícula queda completamente fuera de estas cifras.

¿Puede trabajar mi pareja en España con un visado de familiar de estudiante?

No. La hoja informativa del propio ministerio sobre la estancia de larga duración para estudios superiores dice claramente que los familiares no estarán autorizados a trabajar durante su estancia, y la norma que lo respalda, el artículo 56 del Real Decreto 1155/2024, no les deja ninguna vía a una actividad lucrativa con esa autorización. No hay plazo de espera que lo desbloquee ni solicitud aparte que lo arregle. La única forma de que una pareja cobre legalmente en España es tener otra autorización distinta, lo que en la práctica significa pasar a una residencia por reagrupación familiar o cumplir por sí misma los requisitos de un permiso de trabajo.

¿Pagar el alojamiento por adelantado reduce los fondos que hay que acreditar?

Sí, y es la palanca menos usada de todo el expediente. Si acreditas debidamente que el alojamiento está abonado por adelantado durante toda la estancia, el requisito del estudiante baja del 100 % del IPREM al 50 %, de 600 € al mes a 300 €. La misma excepción está escrita para las cifras familiares, y en la práctica se aplica como un 50 % para el primer familiar y un 25 % para cada persona adicional, lo que lleva a una familia de tres de 1.350 € al mes a unos 750 €. No abarata España. Mueve dinero de un saldo que estás mostrando a un casero o a una residencia a los que ya has pagado, y un contrato de alquiler mes a mes no sirve para acreditarlo.

¿Puede un estudiante en España pedir la reagrupación familiar para que su pareja trabaje?

No de entrada, y ahí es donde se atasca la gente. La reagrupación sí da autorización de trabajo automática al cónyuge, a la pareja registrada y a los hijos mayores de dieciséis, un cambio en vigor desde el 20 de mayo de 2025, y además pide menos dinero que la vía de estudios: el 150 % del IPREM para dos personas, 900 € al mes, más un 50 %, 300 €, por cada persona adicional. Pero el reagrupante necesita un año de residencia legal a sus espaldas y autorización para residir otro año, y un estudiante tiene una estancia, no una residencia. Para la mayoría de estudiantes esa puerta se abre solo después de modificar a residencia y trabajo al terminar el título.

¿Va a subir el IPREM en 2026?

No ha subido. El IPREM lo fija la ley anual de presupuestos, y como no se ha aprobado una nueva, las cifras de 2023 se han prorrogado sin más, con el índice congelado en 20 € al día, 600 € al mes y 7.200 € al año, u 8.400 € contando las pagas extraordinarias. Es el cuarto año congelado consecutivo, y hoy está en torno al 49 % del salario mínimo español, que ha subido con fuerza en ese mismo periodo. Para quien solicita un visado la congelación es una buena noticia, porque el umbral que debe acreditar ha dejado de subir mientras sus costes reales no.

Cada cifra de aquí es un porcentaje de un índice que cambia en el momento en que España apruebe una nueva ley de presupuestos, y los datos de alquiler reflejan medias de mercado de mediados de 2026 y no lo que cuesta un piso concreto. Los consulados y las oficinas de extranjería también difieren en qué aceptan como prueba de alojamiento pagado por adelantado, y los porcentajes familiares reducidos son la lectura que se aplica en la práctica, no una cifra publicada en euros. Confirma el IPREM vigente y los requisitos documentales de tu consulado antes de construir un presupuesto familiar sobre cualquiera de estos datos.